“Respecto del Decreto, algunos de sus artículos introducen premisas que, como señala la Junta, podrían ser contrarias tanto a la legislación nacional como europea”.“La Intervención General de la Administración del Estado (…) debe remitir anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIRESCON) un informe global con los resultados más significativos de su actividad de control en la contratación pública»

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